Roma (Euractiv.it/.es) – Un tribunal especial sopesa presentar cargos penales contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y otros altos cargos por la controvertida liberación de un general libio reclamado por la Corte Penal Internacional (CPI).
El Tribunal, órgano judicial especial que investiga y enjuicia los delitos cometidos por ministros del gobierno en ejercicio, ha concluido su investigación sobre la negativa de Italia a transferir al general libio Osama Najeem Almasri a la CPI, según informan Corriere della Sera y La Repubblica.
Almasri, ex jefe de la policía judicial libia, fue detenido en Turín el 19 de enero en virtud de una orden de detención de la CPI por presuntos delitos de asesinato, tortura y violación relacionados con los abusos cometidos en el centro de detención de Mitiga, en Trípoli.
Sólo dos días después, Almasri fue puesto en libertad y devuelto a Libia a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Italiana.
Además de Meloni, están en el punto de mira del tribunal el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, y el subsecretario Alfredo Mantovano, con posibles cargos que incluyen incumplimiento del deber.
Los documentos del tribunal exponen que el jefe de gabinete de Nordio, Giusi Bartolozzi, fue informado de la detención de Almasri en la tarde del 19 de enero, lo cual contradice las repetidas declaraciones del gobierno de que el ministerio se enteró del caso más tarde, «sin tiempo para actuar».
Las revelaciones han provocado una dura reacción política. Los legisladores de la oposición exigen la dimisión de Nordio y piden que Meloni comparezca ante el Parlamento por lo que califican de «operación políticamente orquestada».
«Ahora está demostrado: Nordio mintió al Parlamento», aseguró Roberto Giachetti, del partido liberal Italia Viva. «Debe dimitir de inmediato», agregó.
La diputada del Partido Democrático (S&D) Debora Serracchiani añadió que la decisión de liberar a Almasri y llevarlo a casa en un avión del gobierno fue un «acto político deliberado» del que Meloni debe rendir cuentas.
Mientras tanto, la CPI ha iniciado un procedimiento contra Italia por obstrucción a la justicia.
Italia ha presentado una defensa oficial ante el tribunal con sede en La Haya, en el marco de un trámite procesal que permite a los Estados justificar sus acciones antes de que la Corte se pronuncie sobre la falta de cooperación.
Sin embargo, el fiscal de la CPI ha rechazado varios de los argumentos de Italia por no estar fundamentados.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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