Roma (Euractiv.it/.es) – La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha trasladado su preocupación por la propuesta de Reglamento de la Unión Europea (UE) sobre devoluciones de inmigrantes, después de haber defendido la iniciativa.
La inquietud de Roma por la propuesta de Reglamento de la UE en la política de retornos crece cada día, lo cual agrega presión sobre uno de los pilares más emblemáticos de la política migratoria impulsada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Según una nota interna de la Comisión de Asuntos Europeos del Senado italiano, algunos pasajes de la nueva propuesta de Bruselas podrían crear una «carga burocrática» tan pesada que entorpecería el objetivo mismo del Reglamento, especialmente en lo que respecta a la armonización de los procedimientos a nivel de la UE.
La oposición de Roma se centra sobre todo en la introducción de una “orden europea de devolución”, uno de los pilares de la nueva normativa.
Esa medida obligaría al reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre los Estados miembros.
Pero el Senado italiano ha advertido de que esa medida podría «obstaculizar la aplicación» y limitar la discrecionalidad de cada Estado miembro, especialmente en elementos clave como la duración de las prohibiciones de reingreso.
Presentadas en marzo, las nuevas normas de retorno de la UE -denominadas «la pieza que faltaba» del sistema- allanan el camino para que los Estados miembros establezcan «centros de retorno», o centros de deportación, fuera del bloque.
Italia ha sido una firme defensora de las nuevas propuestas migratorias de la UE en esta legislatura. Ha respaldado tanto el Reglamento de retorno como la lista actualizada de países de origen seguros, destinada en parte a aliviar las batallas legales de Italia sobre los polémicos centros de gestión de flujos migratorios en Albania.
El debate se ha aplazado una semana y la votación está prevista para el 25 de junio.
Por otro lado, los Veintisiete también avanzan en la aplicación del nuevo Pacto de Migración y Asilo, aprobado el año pasado y que entrará en vigor el próximo verano, aunque no sin obstáculos.
Una reciente comunicación de Bruselas sobre la aplicación de ese texto advierte de que Italia, junto con otros Estados miembros, podría no alcanzar los objetivos relativos al control obligatorio de migrantes y procedimientos fronterizos para la fecha prevista, junio de 2026.
Según las normas en vigor, todos los países de la UE deben notificar los lugares designados para aplicar esos procedimientos antes de abril de 2026, pero ninguno lo ha hecho hasta la fecha.
Sin una designación rápida y la activación de la planificación financiera y la contratación, es casi seguro que se producirá un gran retraso.
Italia y Alemania están especialmente inquietas por el cumplimiento de los plazos de capacidad debido a la lentitud de los procesos de contratación, mientras que Estonia y Grecia corren un riesgo aún mayor.
Además, la UE ha detectado problemas con el plan de Italia de crear un Mecanismo Independiente de Supervisión de los Derechos Fundamentales, un requisito del Pacto de Migración y Asilo.
Aunque casi 23 Estados miembros han incorporado este tipo de mecanismos a sus planes nacionales, Italia, junto con Bulgaria y Malta, ha planteado «problemas importantes», según la Comisión.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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