Roma (Euractiv.it/.es) – La región italiana de Toscana llevó a cabo el miércoles su primer suicidio asistido, un momento histórico en el país, donde el derecho a morir es técnicamente legal desde 2019 pero nunca se ha traducido en legislación nacional.
El procedimiento fue posible gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que permite a los pacientes con condiciones irreversibles, sufrimiento insoportable y dependencia de tratamientos de soporte vital, autoadministrarse un medicamento letal, siempre que sean estén en plenitud de facultades para tomar esa decisión.
Pero a pesar de los reiterados llamamientos del Tribunal, ningún gobierno -de izquierdas o de derechas- ha aprobado una ley que regule el acceso a ese derecho. Pacientes, médicos y regiones permanecen en un limbo jurídico.
A principios de año, la Toscana aprobó la primera ley regional sobre suicidio asistido. El gobierno de derechas de la primera ministra, Giorgia Meloni (Fratelli d´Italia/ECR), la impugnó en mayo, y elevó el asunto ante el Tribunal Constitucional, que aún no se ha pronunciado.
La ley sigue en vigor. El gobierno reabrió el debate el martes de cara a la presentación de un proyecto de ley el próximo 17 de julio.
Sin embargo, la última propuesta evita la regulación directa del suicidio asistido, centrándose en cambio en los cuidados paliativos.
Los casos al final de la vida no serían revisados por jueces, sino por un comité nacional de ética, cuyos miembros serían nombrados por decreto.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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