Praga (Euractiv.cz/.es) – El gobierno checo intenta minimizar el impacto político directo que ha tenido en el ejecutivo una donación de 40 millones de euros en bitcoins vinculada a un narcotraficante condenado, un escándalo que ha salpicado a Praga.
La polémica donación obligó a dimitir al ministro de Justicia, Pavel Blažek, y provocó el martes una reunión del Consejo de Seguridad Nacional por temor a que se utilizara al Estado para blanquear dinero procedente de actividades delictivas.
El primer ministro, Petr Fiala, confirmó el martes la implicación de los servicios de inteligencia y advirtió de las nuevas amenazas que plantea la ciberdelincuencia y de la necesidad de reforzar las instituciones.
«Existe la sospecha, expresada públicamente, de que el Estado puede haber sido utilizado indebidamente a través del Ministerio de Justicia, posiblemente en relación con graves delitos internacionales», comentó Fiala, según informan medios checos.
La donación procedía de Tomáš Jiřikovský, condenado en 2017 por tráfico de drogas, armas y malversación de fondos.
Aunque el origen del bitcoin no se ha podido demostrar legalmente, el escándalo ha suscitado duras críticas.
El presidente checo, Petr Pavel, advirtió de que podría erosionar la confianza en el sistema judicial, socavar la credibilidad de las instituciones estatales y empañar la reputación internacional de la República Checa.
«Si tuviera que decirlo en lenguaje llano, diría que esto es un gran lío», aseguró Pavel.
La oposición, encabezada por Andrej Babiš (ANO), quiere presentar una moción de censura contra el gobierno.
«Este gobierno es criminal y debe desaparecer», declaró Babiš al periódico Deník.cz.
«El ODS es una organización criminal que debería haber sido prohibida hace tiempo», agregó.
Aunque el gobierno enmarca el asunto como un “error personal” de Blažek, las repercusiones políticas son cada vez más extensas.
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(Editado por Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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