Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Consejo ha llegado a un acuerdo sobre su posición respecto a una propuesta para dar más poder a los agricultores haciendo obligatorios los contratos comerciales escritos dentro de la cadena alimentaria, al tiempo que los países del bloque presionan para que se elimine esa obligación para los pequeños compradores y se reduzcan los mecanismos de mediación.
El Comité Especial de Agricultura (CEA) aprobó este lunes las enmiendas de los Estados miembros a la propuesta de la Comisión de reabrir el reglamento de la Organización Común de Mercados (OCM).
«El objetivo último es restablecer la confianza en toda la cadena alimentaria», comentó el ministro polaco de Agricultura, Czesław Siekierski , cuyo país ostenta la presidencia semestral rotatoria del Consejo de la UE.
Siekierski aseguró que las nuevas disposiciones, en especial la inclusión de contratos escritos obligatorios entre agricultores y compradores, reforzarán el poder de negociación del sector agrícola.
Pero los Estados miembros han suavizado varios elementos de la propuesta original del Ejecutivo comunitario, presentada en diciembre de 2024 en respuesta a las fuertes protestas de los agricultores de principios de ese año.
Los países de la UE han acordado introducir excepciones a la obligación contractual para las microempresas y las pequeñas empresas, para las entregas inferiores a 20.000 euros y en los casos en que el pago y la entrega se realicen simultáneamente.
También quieren que los contratos de más de un año incluyan una cláusula de revisión -en lugar del plazo de seis meses propuesto por la Comisión– y eximir a los gobiernos nacionales de la obligación de crear mecanismos de mediación.
Mientras que la Comisión ha pedido en repetidas ocasiones la rápida aplicación de las nuevas medidas, los Estados miembros quieren retrasar su aplicación seis meses.
Alemania, Lituania, Eslovaquia y los Países Bajos votaron en contra del texto, según explicaron dos diplomáticos del bloque comunitario a Euractiv.
Mientras tanto, los avances en el Parlamento Europeo tendrán que esperar.
La Comisión de Agricultura (AGRI), encargada del expediente, no lo votará hasta el 1 de septiembre.
En línea con el Consejo, la negociadora principal, la eurodiputada Céline Imart (PPE, Francia), quiere suavizar la obligación contractual con amplias exenciones para determinados sectores agrícolas.
Los eurodiputados de los grupos de derecha y extrema derecha, así como los liberales de Renovar Europa se hicieron eco de su preocupación por la obligatoriedad de los contratos escritos, durante un debate celebrado la semana pasada.
Imart es también reacia a conceder derechos a organizaciones de productores (OP) no reconocidas, y prefiere limitarlos a las que hayan solicitado su reconocimiento.
También se opone a la creación de organizaciones de productores independientes para los agricultores ecológicos.
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(Editado por ADM/AW/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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