Roma (Euractiv.it/.es) – La justicia italiana ha reabierto el debate sobre la paternidad y maternidad del colectivo LGBTQ+, poniendo en cuestión las restrictivas leyes del país y provocando duras críticas contra el gobierno conservador de la primera ministra, Georgia Meloni (Fratelli d´Italia/ECR).
Un Tribunal de Menores de Pesaro autorizó el jueves a una pareja del mismo sexo a adoptar a su segundo hijo, nacido en el extranjero mediante gestación subrogada, una sentencia histórica dictada a pesar de una ley de 2024 que penaliza la gestación subrogada como delito universal (incluso cuando se lleva a cabo en el extranjero).
La adopción fue aprobada con el argumento de que el niño, concebido antes de la promulgación de la ley, debe ser protegido «independientemente de cómo haya venido al mundo», según argumentó el tribunal en su dictamen.
El mismo jueves, el Tribunal Constitucional de Italia declaró contrario a la Carta Magna del país negar el reconocimiento legal a las dos madres de una pareja de lesbianas si el niño/a nace en Italia mediante reproducción asistida (RMA) realizada en el extranjero.
La decisión reafirma el derecho de los niños en estos casos a que tanto la madre biológica como la denominada «madre intencional/portadora» sean registradas como progenitoras legales, lo cual entra en conflicto con la ley italiana de 2004, que restringe el acceso a la RMA a las parejas heterosexuales con infertilidad, excluyendo explícitamente a las personas solteras y a las parejas del mismo sexo.
“Borrado programado de los progenitores”
La ministra de Familia, Eugenia Roccella, reaccionó a ambas sentencias para dejar claro que «no se cuestiona ningún acto de este gobierno ni de la legislatura» y que las sentencias «no requieren ninguna intervención legislativa».
Por otro lado, se felicitó por el hecho de que el Tribunal Constitucional mantenga su rechazo a la gestación subrogada, que, en su opinión, se basa en «la diferencia natural de los cuerpos sexuados», una distinción que la ideología intenta borrar, según subrayó.
Sin embargo, Roccella advirtió de que reconocer la doble maternidad excluyendo al padre equivale a «un borrado programado de uno de los progenitores«, lo que calificó de «privación de un derecho fundamental del niño».
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(Editado por Fernando Heller/Euractiv.es)
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