Bruselas (Euractiv.com/.es) – La Comisión Europea contempla un nuevo paquete de medidas legislativas para reducir aún más la burocracia en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), y, entre otras medidas, recortará también los últimos vínculos entre las subvenciones agrícolas comunitarias y el «Pacto Verde», según un proyecto de Reglamento al cual ha tenido acceso Euractiv en Bruselas.
A raíz de las protestas de los agricultores por el exceso de burocracia en torno a la PAC, Bruselas suprimió el año pasado varios requisitos ecológicos, incluida una flexibilización de seis de las nueve condiciones medioambientales vinculadas a las subvenciones.
Pero eso no fue suficiente para los ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), que presionaron para que se introdujeran más cambios en una reunión del Consejo celebrada en enero.
Según un borrador de la Comisión, se presentaron más de 400 sugerencias.
Pero la última versión de propuesta normativa, a la cual ha tenido acceso Euractiv, va más allá.
La Comisión Europea estudia eliminar dos disposiciones legales que obligan a los Estados miembros a alinear los planes estratégicos de la PAC con la nueva legislación climática y medioambiental comunitaria.

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El texto pretende influir en la propuesta legislativa de la Comisión Europea, cuya presentación está prevista para mediados de julio.
La justificación para ello es «garantizar la estabilidad» del marco jurídico hasta que finalice el ciclo actual de la PAC, en 2027.
A nivel interno, la decisión suscitó un debate entre el gabinete del Comisario de Agricultura y la Dirección General de Agricultura (DG AGRI), como ya informó Euractiv.
Las últimas salvaguardias ambientales
El proyecto de Bruselas refuerza la tendencia del ejecutivo comunitario a flexibilizar las condiciones que deben cumplir los agricultores para acceder a las subvenciones.
«Incentivar a los agricultores puede ser más eficaz que imponer cambios mediante requisitos obligatorios», reza el texto del documento.
La Comisión propone relajar las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra (BCAM), la “columna vertebral” de la condicionalidad medioambiental de la PAC.
Las BCAM 1, que protegen los pastos permanentes, permitirían una reducción de hasta el 10% con respecto al nivel de referencia de 2018, lo cual supondría un salto con respecto al umbral actual del 5%.
El Ejecutivo comunitario justifica esta medida para hacer frente a los «cambios estructurales» en las explotaciones, sobre todo en el sector ganadero.
Se mantienen las BCAM 2, que limitan las prácticas agrícolas para proteger humedales y turberas, sumideros cruciales de carbono.
Pero la Comisión reconoce que esa medida ha sido especialmente costosa para algunos países –en una probable alusión a Irlanda, donde los agricultores están presionando mucho para conseguir exenciones- y permitirá a los países compensar a los agricultores afectados por la norma.
En cuanto a la condición destinada a proteger el agua contra la contaminación por plaguicidas y fertilizantes (BCAM 4), la Comisión da a los Estados miembros más flexibilidad para definir los cursos de agua, siempre que la definición se ajuste al objetivo fijado.
Los países de la UE también dispondrán de más flexibilidad para definir los cursos de agua, siempre que esas definiciones se ajusten a los objetivos de la norma.
A pesar del alcance de los cambios, la propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto completa, dada la «urgente necesidad» de adelantar la simplificación, según Bruselas.
En su lugar, la Comisión Europea publicó un documento de trabajo de los servicios del ejecutivo comunitario, y subrayó que mucho depende de cómo los Estados miembros apliquen las reformas.

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El consumo de alimentos ecológicos en Francia ha disminuido drásticamente desde 2021, la inflación ha hecho subir los precios de los alimentos y los productos ecológicos siguen siendo entre un 15% y un 35% más caros que sus homólogos convencionales.
Menos burocracia para los agricultores y las capitales
Más allá de las explotaciones agrarias, los gobiernos nacionales también saldrán beneficiados ante una de sus quejas más frecuentes: el engorroso proceso de modificación de los planes estratégicos de la PAC, introducido en la última reforma.
La nueva propuesta sólo exige la aprobación de la Comisión para los cambios «estratégicos», y deja libertad a los Estados miembros para realizar actualizaciones menores de forma unilateral.
Por otro lado, se suprime el mecanismo anual de liquidación de resultados de la PAC, utilizado para comprobar si el gasto de los países de la UE en la PAC se ajusta a los planes estratégicos, aunque se mantendrán la liquidación financiera y los controles del SIGC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas).
En cuanto a los controles de las explotaciones, la Comisión quiere limitarlos a uno al año -en un intento de apaciguar tanto a los agricultores como a las administraciones- y elimina la obligación de revisar anualmente el sistema de control de los Estados miembros.

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Las pequeñas explotaciones ecológicas en el punto de mira
El paquete de medidas supone un balón de oxígeno para el sector “bio” agrícola. Se considerará automáticamente que los agricultores ecológicos cumplen más normas relativas a las BCAM, no sólo la rotación de cultivos (BCAM 7), sino también las relativas a los prados, la quema de rastrojos, la contaminación del agua, la protección del suelo y la cobertura mínima del suelo.
La Comisión quiere que los regímenes ecológicos permitan pagos anuales basados en unidades de ganado-además de los actuales pagos por hectárea- para apoyar a los ganaderos ecológicos. Lo mismo ocurre con las colmenas.
En línea con lo propuesto el año pasado, Bruselas quiere eximir a los pequeños agricultores de los controles de condicionalidad.
El pago máximo anual en el marco del régimen simplificado de la PAC se duplicaría, pasando de 1.250 a 2.500 euros, tanto si se paga por hectárea como si se hace a tanto alzado.
Dinero de la crisis
Por otra parte, la Comisión Europea creará ayudas complementarias de crisis para los agricultores afectados por condiciones meteorológicas adversas o «catástrofes», entre ellas brotes de plagas vegetales y enfermedades animales.
En ese sentido, los Estados miembros del bloque fijarán ellos mismos las condiciones para optar a estos pagos y podrán cofinanciarlos con fondos nacionales adicionales de hasta el 200%.
Al mismo tiempo, el Reglamento de Bruselas limita el uso de la reserva agrícola -que en los últimos años se ha utilizado para hacer frente a todo tipo de catástrofes, desde graves inundaciones hasta sequías- a perturbaciones del mercado, como estaba previsto en un principio.

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En el caso del aceite de oliva, se prevé que los aranceles afecten más a España e Italia. En España, la Comunidad Autónoma más afectada será Andalucía, sobre todo Jaén, que produce el 80% del total.
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(Editado por ADM/Owen Morgan/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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