Bruselas (Euractiv.com/.es) – Ni un solo Estado miembro de la Unión Europea (UE) ha respondido a la «oferta» de Bruselas para flexibilizar sus estrictas normas presupuestarias y aumentar el gasto en defensa: y sólo faltan cinco días para que venza el plazo.
La activación de la llamada «cláusula de salvaguardia nacional» permitiría a los países de la UE aumentar el gasto en defensa en un 1,5% del PIB anual durante un periodo de cuatro años.
Bruselas presentó el plan, que en su opinión podría aumentar el gasto militar del bloque en 650.000 millones de euros, en el marco de un paquete más amplio de 800.000 millones de euros denominado «Rearm Europe» (Rearmar a Europa, definición que no gustó a España), que incluye 150.000 millones de euros en préstamos para proyectos conjuntos de adquisición.
Pero hasta la fecha no se ve mucho entusiasmo por el plan.
«Hasta la fecha, ningún Estado miembro ha presentado oficialmente una solicitud para activar la cláusula nacional de salvaguardia», asegura un portavoz de la Comisión.
Incluso Portugal, que anunció el miércoles su intención de activar la cláusula, aún no ha presentado una solicitud oficial.
Según funcionarios, diplomáticos y analistas de los asuntos comunitarios, la reticencia de los Estados miembros se debe probablemente a una combinación de factores.
En primer lugar, el calendario. Muchos gobiernos habían cerrado sus planes presupuestarios anuales cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció el plan en marzo.
En segundo lugar, muchos países, sobre todo los más «frugales», entre ellos Países Bajos, Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo, gozan de buena salud fiscal. Simplemente no necesitan flexibilidad fiscal adicional para aumentar el gasto militar.
Mientras tanto, los Estados miembros con restricciones fiscales -muchos situados en el sur de Europa- están más preocupados por las reacciones del mercado de bonos que por la postura de la Comisión.
Ocho países de la UE, entre ellos Francia, Italia y Polonia, ya están sujetos al denominado «procedimiento de déficit excesivo» por registrar déficits superiores al umbral del 3% establecido por el bloque. Roma ha descartado explícitamente activar la cláusula de escape.
Su reticencia «a activar la cláusula de escape demuestra que este plan no está funcionando como se pretendía», comenta a Euractiv Nils Redeker, director adjunto del Centro Jacques Delors.
«Esos países se enfrentan a riesgos reales de sostenibilidad de la deuda y a preocupaciones legítimas sobre las reacciones del mercado, limitaciones que se aplican independientemente de lo que la Comisión ponga sobre la mesa», agrega el experto del «think tank».
Aun así, algunos analistas creen que esos temores son exagerados.
Según Zsolt Darvas, miembro del grupo de reflexión Bruegel, incluso si los Estados miembros utilizaran el plan en toda su extensión, sólo añadirían un 6% a sus ratios de deuda en relación con el PIB.
«Desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda pública, eso no es un problema», opina Darvas, puesto que -asegura- a los inversores les preocupan en última instancia las perspectivas de crecimiento de los países, los tipos de interés y «las trayectorias fiscales a largo plazo».
Darvas considera probable que Alemania, en pleno proceso de formar gobierno, acabe activando la cláusula para hacer compatible con las normas presupuestarias de la UE su plan de infraestructuras y defensa, dotado con 1 billón de euros.
En ese sentido, el portavoz de Bruselas asegura que los socios del bloque están «invitados» a presentar sus solicitudes oficiales antes del 30 de abril.
Las solicitudes posteriores aún se pueden aceptar, aunque se anima a todos a presentarlas antes de fin de mes para garantizar «un enfoque coordinado».
La falta de aceptación del plan sugiere que la previsión de 650.000 millones de euros de la Comisión Europea era, probablemente, demasiado optimista, según varios analistas y funcionarios. Pero Bruselas no piensa igual.
«Si los Estados miembros aumentan más rápidamente sus gastos de defensa, el importe total podría ser superior a 650.000 millones de euros», comenta un portavoz del ejecutivo comunitario.
Además, pueden recurrir a otros 150.000 millones de euros en préstamos en el marco de la iniciativa ReArm Europe.
Independientemente de la cantidad finalmente recaudada, muchos temen que la propuesta de la Comisión pueda socavar la credibilidad de las normas fiscales, que se actualizaron el año pasado.
El plan actual de la Comisión representa «lo peor de dos mundos», asegura Redeker.
Reactivar la cláusula cada cuatro años no proporciona a los Estados miembros «seguridad en la planificación presupuestaria», pero tampoco ofrece ninguna «fecha de caducidad clara» para cuando ese gasto tenga que volver a seguir las normas habituales.
«El riesgo real es que, al evitar la reforma, estamos doblando las reglas fiscales hasta el punto de romperlas», advierte Redeker. «Y si todo el mundo empieza a doblarlas, no aguantarán mucho tiempo», subraya.
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(Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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