París (Euractiv.fr/.es) – El gobierno francés quiere evitar que se agrave el conflicto con los agricultores del país, en pie de guerra contra las rígidas normas medioambientales y las duras sanciones que conllevan y para ello, París apuesta por una flexibilización puntual.
Las infracciones medioambientales en Francia pueden castigarse con duras sanciones administrativas y penales.
En enero pasado un agricultor se enfrentó a una posible pena de tres años de cárcel y una multa de 150.000 euros por destruir una presa construida por castores, especie protegida, que inundaba su campo. Al final se libró del castigo, con una advertencia.
Ese fue sólo uno de una serie de episodios que dieron lugar a protestas en las zonas rurales contra la Oficina para la Biodiversidad (OFB), la «policía medioambiental» francesa, encargada de hacer cumplir las normas de protección de la biodiversidad en las explotaciones agrícolas.
El año pasado, la OFB denunció decenas de agresiones contra sus oficinas y su personal. En el punto álgido de la tensión, en marzo, la Unión de Jóvenes Agricultores divulgó un vídeo en el cual se representaba el asesinato de un agente de la OFB a manos de un agricultor.
Algunos políticos pidieron el cierre de la agencia.
Entre las 10 medidas presentadas el jueves por los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente figura una revisión de la escala de sanciones a los agricultores.
El gobierno quiere promover una «mayor proporcionalidad» en las sanciones.
«Hemos escuchado quejas de agricultores que creen que una pena de tres años de cárcel por destruir especies protegidas, intencionadamente o no, es excesiva. Debería haber más sanciones administrativas que penales», según señalan fuentes de ambos Ministerios.
Eso podría considerarse un guiño a la ley aprobada en febrero pasado, que pretendía consagrar en la ley la presunción de «no intencionalidad» de los daños medioambientales causados por los agricultores. La cláusula fue posteriormente declarada inconstitucional.
Los agricultores se quejan desde hace tiempo de que los funcionarios de la OFB lleven armas en sus controles.
Pero los agentes de la OFB alegan que las necesitan por las «situaciones difíciles» a las que se enfrentan en el campo, según informan varios medios franceses.
La idea del gobierno es que los inspectores camuflen las armas, y usen cámaras individuales para registrar las posibles situaciones ilícitas.
Otra medida para apaciguar los ánimos sería establecer un punto de contacto para que los agricultores denuncien inspecciones problemáticas, que una unidad especial de la OFB se encargará de investigar.
También se llevan a cabo esfuerzos para mejorar la comunicación y la formación, incluidos intercambios más frecuentes entre los sindicatos de agricultores y la policía medioambiental, simulacros de pruebas con fines educativos y formación conjunta sobre temas agrícolas y medioambientales.
Aunque esas medidas satisfacen en gran medida las demandas de los agricultores, la OFB no está convencida.
El gobierno «hace muchas concesiones al sector agrícola sin obtener nada a cambio» y provocará «un debilitamiento de (…) la aplicación de la legislación medioambiental», declaró a la agencia AFP Sylvain Michel, representante del sindicato CGT.
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(Editado por ADM/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es)
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