Bruselas (Euractiv.com/.es) – El Partido Popular Europeo (PPE), la principal fuerza de la Eurocámara, ha pedido una revisión de la Convención de Ginebra para adaptarla al «mundo actual», según un borrador final del documento de posición de la formación conservadora sobre política migratoria, al cual ha tenido acceso Euractiv.
La Convención de Ginebra, establecida en 1951 para proteger a los refugiados que huían de la guerra y la persecución, sentó las bases del derecho internacional de asilo.
Establece el principio de no devolución, piedra angular de la protección internacional de los refugiados, que prohíbe su regreso a países en los que sufren persecución o daños graves.
Pero el PPE quiere un marco más cohesionado que refuerce la protección de los refugiados y atienda al mismo tiempo las preocupaciones de los países de la UE en materia de seguridad y migración, según reza el texto del documento.
El partido pide además una actualización del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria para hacer frente a una «realidad diferente en las solicitudes de asilo».
En marzo pasado, la Comisión Europea propuso nuevas normas de retorno, allanando el camino para que los Estados miembros exploren «soluciones innovadoras» a la gestión de la migración, incluidos los tan controvertidos «centros de retorno»
Las nuevas normas, que también apuntan a la creación de un sistema de retorno unificado, introducen obligaciones más estrictas para los retornados, nuevas normas para gestionar las fugas y prohibiciones de entrada más largas.
El PPE endurece su postura y pide además una «prohibición permanente e indefinida» para las personas consideradas amenazas para la seguridad.
Este elemento no está presente en la propuesta de la Comisión Europea, que da prioridad a los retornos voluntarios.
En cambio, el PPE insiste en que los retornos forzosos deben seguir siendo «una opción creíble» y pide que se restrinjan las salidas voluntarias cuando obstaculicen la aplicación efectiva de la ley.
También insta a transformar Frontex en una «agencia europea de fronteras plenamente operativa».
La Comisión Europea ha anunciado recientemente una revisión de Frontex para 2026 con el objetivo de ampliar sus competencias en la prevención de la inmigración ilegal y otorgarle autoridad directa para organizar operaciones de retorno con terceros países.
Según el PPE, el despliegue de Frontex debería extenderse también a las «regiones ultraperiféricas», y sería necesario firmar «sin dilación» acuerdos de cooperación con los países africanos y otros países socios
Tal como informó Euractiv en febrero pasado, un documento filtrado reveló que Bruselas está analizando modificar el «criterio de conexión» y el proceso de apelación para las denegaciones de asilo en virtud de la norma del país seguro.
El PPE argumenta que el criterio, «tal y como está establecido», ya no es «apto para el propósito» y se debe suprimir.
Por otra parte, un elemento que reaparece en el borrador final son las «plataformas regionales de desembarco», muy parecidas a los actuales centros de retorno.
El documento «insta» a la Comisión Europea a seguir debatiendo el tema, para ambas orillas del Mediterráneo, donde los solicitantes de asilo puedan ser acogidos de forma segura y sus solicitudes evaluadas.
En 2018, cuando nació la idea de las plataformas de desembarco, la iniciativa apuntaba a establecer centros para la gestión rápida de los flujos migratorios, con el objetivo de realizar un examen a fondo de quienes son susceptibles de recibir protección internacional, con planes para ubicar esos centros en terceros países.
La Comisión Europea descartó el concepto tras una evaluación jurídica, ya que los centros de retorno ubicados en el exterior corren un alto riesgo de infringir el principio de no devolución y plantean dudas sobre si el «escenario está en consonancia con los valores de la UE.»
Por último, el documento menciona el acuerdo migratorio entre Italia y Albania, calificándolo de «primer pero decisivo paso innovador» que demuestra que las solicitudes de asilo y su tramitación en terceros países seguros pueden ser la norma principal.
Las instalaciones de Albania financiadas por Italia se enfrentaron a reveses legales debido al concepto de tercer país seguro, lo que llevó al gobierno italiano a reconvertir los centros en instalaciones de retorno la semana pasada.
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[Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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