París (Euractiv.fr/.es) – Aunque un tribunal de París declaró este lunes a la líder «ultra» francesa Marine Le Pen culpable por desviar fondos europeos y cargos de corrupción, ha anunciado que plantará batalla y apelará la decisión de inhabilitarla para ejercer cargo público la cual, si no se revierte, la podría dejar fuera de la carrera con vistas a las elecciones de 2027.
El tribunal de París condenó a la líder de Agrupación Nacional (RN/Patriotas por Europa/PfE) por malversación de fondos de la UE a cuatro años de prisión, dos de ellos firmes, que podrá cumplir con brazalete electrónico, y le impuso una multa de 100.000 euros.
También la inhabilitó para presentarse como candidata a las elecciones presidenciales de 2027, lo cual provocó revuelo entre sus seguidores y enfado en la extrema derecha francesa y europea, especialmente en su grupo en Estrasburgo, PfE, en el cual milita el español Vox.
Según la legislación francesa, la presentación de un recurso suspende la ejecución de determinadas partes de la sentencia: la pena de prisión y la sanción económica. Pero su inhabilitación para ejercer cargos públicos se mantiene por el momento.
El Tribunal de Apelación de París analizará su caso y ha indicado que podría haber una sentencia para el verano de 2026.
Esto «es un arma de doble filo para Le Pen, que podría recibir una condena mayor o menor», comentó Matthieu Almeras, abogado del Colegio de París.
Si el Tribunal de Apelación confirma el veredicto inicial, Le Pen tiene la opción de apelar ante el Tribunal de Casación, el máximo tribunal penal de Francia.
El Tribunal de Casación no reexamina los hechos, sino que comprueba si se han seguido correctamente los procedimientos legales. Si se detectan errores de procedimiento, el caso puede volver a un tribunal inferior para un nuevo juicio
Además de las vías nacionales, Le Pen puede plantearse llevar su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El TEDH examina las violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, para garantizar el derecho a un juicio justo.
Sin embargo, ese paso se suele producir una vez que se han agotado todos los recursos legales nacionales y puede ser un proceso prolongado el cual, si se aplica, podría ocurrir mucho después de 2027.
El veredicto en primera instancia de Le Pen ha suscitado algunas dudas entre los juristas franceses, que cuestionan la velocidad del procedimiento de apelación.
El caso va muy rápido. Si se puede prever que habrá sentencia para el verano de 2026, se trataría de un plazo especialmente corto, dado que el plazo promedio para este tipo de casos es de dos años.
«Este anuncio plantea la cuestión de si el hecho de que una persona -en este caso, la Sra. Le Pen- sea elegible para la presidencia basta para justificar que se le concedan plazos preferentes en comparación con otras personas», señala Almeras.
En ese sentido, el ex primer ministro francés Gabriel Attal, líder del partido Renacimiento en la Asamblea Nacional, subrayó que sería muy difícil justificar que este caso se tratara con un doble rasero, a modo de «privilegio» a Le Pen.
«Todos somos iguales ante la ley», comentó el martes a la prensa en la Asamblea Nacional.
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[Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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