Bruselas (Euractiv.com/.es) – El intento de la Comisión Europea de esquivar al Parlamento Europeo para intentar aprobar, por la vía rápida, un instrumento financiero de 150.000 millones de euros que apuntale la defensa del bloque comunitario no será nada sencillo y, a la larga, puede resultar incluso muy contraproducente.
La reciente propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen para «Rearmar a Europa» contribuiría a que los socios del bloque liberaran recursos para aumentar el gasto en defensa tras la anunciada retirada de Estados Unidos como aliado militar preferente en la OTAN.
El núcleo duro del plan se centra en 150.000 millones de euros en préstamos para la adquisición conjunta de material de defensa de fabricación europea, con fondos recaudados por Bruselas en el marco de la Acción de Seguridad para Europa (SAFE).
Para intentar acelerar la aprobación de ese gran paquete por la vía más rápida, Von der Leyen se acoge al artículo 122 del Tratado de la Unión Europea (UE), el cual permite que la propuesta eluda las negociaciones previas en el Parlamento Europeo y pase directamente al Consejo (jefes de Estado y de Gobierno) para su negociación y aprobación final.
Ello significa que, de aprobarse, el Parlamento Europeo no tendría voz en el texto final, limitándose su papel a presentar ideas y a solicitar debates.
Von der Leyen alega para justificarlo que se trata de una medida «urgente» y por ello la «rapidez» es fundamental. Además, en la presentación de «Rearmar Europa», subrayó que se trata de «la única vía posible».
Normalmente, un procedimiento legislativo sobre temas sensibles como el de defensa puede prolongarse durante varios meses, e incluso años.
No obstante, el «procedimiento de urgencia» se ha utilizado antes, sobre todo durante la crisis energética desencadenada en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, y para activar el instrumento de recuperación tras la pandemia de COVID-19.
En esos casos, el Parlamento Europeo organizó reuniones institucionales periódicas para supervisar la aplicación de los fondos «post COVID», y mantuvo un «diálogo constructivo» con el Consejo.
Pero en esta ocasión, muchos eurodiputados cuestionan la «urgencia» del método para esquivar al Parlamento Europeo, y han experimentado una sensación de frustración por la presión de Von der Leyen (CDU/PPE).
Incluso en el seno de la familia política de la alemana, el Partido Popular Europeo (PPE) muchas voces no están del todo de acuerdo. Según ha manifestado recientemente el presidente de la formación conservadora europea, Manfred Weber, es «un error».
«La democracia europea se basa en dos pilares: sus ciudadanos y los Estados miembros. Necesitamos a ambos para nuestra seguridad», subrayó el alemán (CDU/CSU).
En líneas generales, no hay una postura muy definida entre los distintos grupos europeos ya que los asuntos de defensa están muy ligados a las tradiciones nacionales y a la historia de cada socio.
El eurodiputado Sandro Ruotolo (S&D) calificó la medida de «vía rápida» de Von der Leyen como «bofetada a la democracia parlamentaria», mientras que Roberto Vannacci (Patriotas por Europa, el grupo de Vox) criticó que se recurra al Artículo 122, argumentando el «estado de emergencia» para realizar una inversión que dará resultados tangibles en cinco o seis años.
Por su parte, la eurodiputada de los Verdes Hanna Neumann criticó a los Estados miembros por «caminar como sonámbulos hacia el desastre» y exigir procedimientos de urgencia para arreglarlo en el último minuto. «Es un patrón que tenemos que romper», subrayó.
Por su parte, Marc Botenga (La Izquierda) también expresó su rechazo por la urgencia del procedimiento.
«Estamos hablando de un programa de 800.000 millones de euros, y la única institución elegida (El Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal) está excluida», lamenta.
En opinión de Botenga, la «emergencia» no es real, ya que la crisis actual se ha estado gestando en los tres últimos años, o incluso más.
¿Ganar tiempo?
Al margen de las críticas de los eurodiputados, no está claro cuánto tiempo ahorra realmente la Comisión al prescindir del Parlamento.
En primer lugar, aunque el Parlamento quedase al margen de la propuesta principal, podría ralentizar las cosas presionando para que se mantenga su capacidad de supervisión.
Por ejemplo, si la propuesta tiene importantes implicaciones fiscales, el Parlamento puede impulsar un procedimiento de control presupuestario.
En segundo lugar, el paquete legislativo para impulsar la defensa europea se tiene que aprobar en el Consejo, donde los Estados miembros siguen divididos.
Francia presiona para que se compre sólo armamento europeo, mientras que los países del Este y Alemania se han mostrado tradicionalmente más abiertos a utilizar fondos de la UE para comprar material a terceros países, especialmente a Estados Unidos.
Bruselas insiste en que los préstamos se tendrían que utilizar para comprar material militar exclusivamente a empresas europeas, fomentando la «preferencia comunitaria».
Ello sigue la directriz que inspira todos los planes de la UE para la industria de defensa: impulsar la competitividad de la industria bélica del bloque.
Hasta ahora, sin embargo, el ejecutivo de la UE aún no ha aclarado qué se considera «europeo» ni si se permitirán excepciones para determinados productos esenciales.
La división de los Estados miembros en cuestiones de defensa no es nueva. Quedó patente en los debates del Consejo en torno al programa de la industria de defensa de la UE (EDIP), destinado a impulsar la producción industrial del bloque a largo plazo.
Durante las negociaciones, un grupo de países -entre ellos Polonia, Países Bajos y Alemania- defendió que se permitiera destinar fondos de la UE a empresas extranjeras que produjeran armas en suelo europeo.
La posición que defiende ese grupo se basa en la ventaja de unos plazos de entrega más rápidos, debido a los vínculos industriales con sus industrias nacionales, o en el precio de los productos, impulsado por la necesidad de reponer los arsenales tras las cuantiosas donaciones de material bélico a Ucrania, además de prepararse para futuros conflictos.
Por otro lado, la «preferencia comunitaria» que defiende Francia siempre se ha basado en la búsqueda de plena autonomía en la adquisición y el desarrollo de equipos, sobre los cuales posee todos los derechos.
Está previsto que Bruselas exponga la semana próxima más detalles de su plan para que los jefes de Estado y de Gobierno puedan dar su opinión y que el Consejo pueda empezar a trabajar.
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[Editado por Martina Monti/Euractiv.com y Fernando Heller/Euractiv.es]
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